La corrupción en El Salvador ha sido una constante en la historia del país, que ha llevado a una crisis estructural en lo económico y social y ha afectado el desarrollo de las fuerzas productivas, profundizando la pobreza del 85% de los hogares salvadoreños y en contrapartida se denuncia la existencia de casos de enriquecimiento ilícito, los cuales quedan en la impunidad por la pasividad de las instituciones correspondientes.
De acuerdo con una investigación de Noticiero El Salvador, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores son tres de los expresidente salvadoreños que debían de ser investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero sus casos no prosperaron y prescribieron.
Entre algunos factores que llevan al fracaso de estos casos de investigación, según el medio de comunicación, se encuentran: la falta de investigación y de involucramiento de la Fiscalía General de la República (FGR), que en reiteradas ocasiones ha dejado morir los procesos; también que, los magistrados de la CSJ tienen sus preferencias políticas y se encargan de favorecer a las cúpulas de poder que protegen.
«Los casos son postergados por los magistrados, se bloquean y se retienen informes que debe conocer la Cortes Plena para realizar las investigaciones. Así es como los procesos van preescribiendo y se archivan sin deducir responsabilidades judiciales», puntualiza el noticiero.
127 casos siguen sin ser investigados
Por su parte, el magistrado presidente de la Cámara de lo Penal de la CSJ, Leonardo Murcia, declaró que, un total de 127 casos relacionados a enriquecimiento ilícito de exfuncionarios públicos están en proceso de prescripción y, como consecuencia a quedar impunes.
«Se debe hacer una reestructuración del marco legal del país, sacando del Gobierno a funcionarios corruptos. Esto, debido a los 127 casos que están en fase de caducidad en la sección de probidad, de los cuales solo dos fueron remitidos», puntualizó.
De esa cantidad, el funcionario judicial detalló que, al menos 25 prescribirán este año. «Solamente para este año que estarían próximos a prescribir habríamos estado hablando de un número superior a 25 casos», dijo.
Según el magistrado, debido a que el tiempo para iniciar las investigaciones está por vencerse esa cantidad de casos podrían ser archivados en la Sección de Probidad de la CSJ.
¿Por qué prescriben?
La Corte Plena aprobó el 31 de enero de 2019 que la Sección de Probidad investigue el patrimonio de funcionarios siempre que no hayan transcurrido 10 años después del cese del cargo. Este elemento, regulado en la Constitución de la República, no tenía una instrucción expresa por parte de la Corte Plena hasta entonces.
Dos semanas después, los magistrados de la Comisión de Ética y Probidad recibieron un informe con los casos prescritos y procesados por prescribir; pero decidieron enfocarse en los casos próximos a vencer: 78 en todo 2019, de los cuales 61 son exfuncionarios salientes de la administración de Elías Antonio Saca, y 17 que aún poseen cargos públicos.
A finales de agosto, la CSJ informó que los casos prescritos podrían ser remitidos a la (FGR) para que no queden impunes; sin embargo, solo un caso ha sido enviado al Ministerio Público.
Casos con indicio de enriquecimiento ilícito, “deberían ser remitidos a la Fiscalía” para juicio penal o acción de extinción de dominio, indica un informe de Fusades.
