Tres casos emblemáticos señalados como fuentes de corrupción serán los que encabezarán la lista de procesos de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El vocero interino de la CICIES, Dr. Ronalth Ochaeta dijo que brindaría asesoría técnica al Ministerio Público para mejorar la capacidad de la investigación de entidades como la Fiscalía General de la República en los casos de El Chaparral, asignación y uso de fondos en el Transporte público y sobre el proyecto del SITRAMSS.
«Lo que se busque es erradicar la ausencia de justicia y queremos que nuestro trabajo derive en acción penal para dar con los responsables de casos de corrupción», afirmó Ochaeta.
En el caso del SITRMASS, en junio pasado los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional el uso privado del SITRAMSS.
En torno al Proyecto del SITRAMSS existieron otro tipos de señalamientos relacionados con casos graves de Corrupción entre ellos la revelación de que una empresa de origen argentino «Unetel SA» pactó la entrega de 540 mil dólares a directivos de «Sipago» a cambio de adjudicar a «Subes El Salvador» (el contrato de cobro del pasaje electrónico del SITRAMSS). Efectivamente se confirmó el pago. Entre 2011 y 2013, Subes El Salvador recibió más de 13 millones de dólares en préstamos de Subes Panamá, cuyos directivos están relacionados con Alba Petróleos.
En el Caso El Chaparral la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, el entonces presidente de CEL, por instrucciones de Funes, y el representante de la empresa ASTALDI de origen italiano, Mario Federico Perasgostine Marocchi, anularon el contrato y desviaron $108.5 millones que generaron a la empresa más $45.2 millones.
Además se descubrió que CEL tenía que haberle pagado solo $63 millones a la constructora por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, pero le entregó $45 millones más.
La presa hidroeléctrica El Chaparral terminará costándole al país $759.4 millones y no los $207 millones que habían sido presupuestados al inicio de la obra.
