El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ha programado para este viernes 26 de agosto dar a conocer la resolución en el caso del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA), donde está involucrado un exfuncionario del gobierno de Elías Antonio Saca.
La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó que se ha comprobado, a través de la confesión de los procesados que se sometieron a procedimiento abreviado, su culpabilidad y participación en los delitos.
El procedimiento abreviado fue solicitado para seis acusados, entre ellos el exministro, Guillermo Maza Brizuela, para quienes solicitan la pena de tres años reemplazados por trabajos de utilidad pública. En cuanto a la condena, en responsabilidad civil, se acuerda el resarcimiento económico por parte de Maza Brizuela, por 100 mil dólares, lo que responderá con un inmueble valorado en dicho monto.
En pago en efectivo se acuerda para Rolando Alberto Choriego Echeverria, 5 mil dólares, Cesar Rolando García Herrera, 50 mil dólares, José Ladislao López Paz, 15 mil dólares, Ricardo Alberto Barrera Alemán, 5 mil dólares, y Juan Antonio Miranda Morales se solicita la condena en abstracto.
Por otra parte, para el acusado Wilfredo Aponte Cuellar, el Tribunal ordenó suspenderle el juicio, debido a la evaluación psiquiátrica hecha por Medicina Legal, la cual determina que tiene una condición de demencia mixta, alzaimer y demencia vascular, por lo que no está en condiciones de enfrentar y comprender el juicio, en consecuencia, se le van a realizar evaluaciones trimestrales para efectos de determinar si es una situación crónica.
Asimismo, para Guillermo Rafael Alfaro y Arturo Ernesto López Mejía se va a realizar un juicio ordinario, paralelamente al abreviado.
El exministro Guillermo Maza Brizuela es acusado de negociaciones ilícitas, cuando fungió como titular del Ministerio de Salud, desde 2004 hasta 2009. Asimismo, ocho personas más, por estafa agravada y falsedad ideológica, en el periodo presidencial de Elías Antonio Saca.
La FGR les imputa que la conducta ilícita fue realizada en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos, Hospital San Pedro de Usulután y Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente, el cual le causó un perjuicio económico al Estado por más de un millón de dólares.
