Con 58 votos, la Asamblea reformó la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación.
Con los cambios aprobados se extiende, por cinco años, la vigencia de la normativa y se incorporan herramientas jurídicas que permitirán agilizar los trámites para legalizar e inscribir inmuebles que, por diversas razones legales o de hecho, no han podido realizarse.
Los parlamentarios señalaron que la ley transitoria ha servido para hacer una inversión más eficiente y ejecutar proyectos para mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional, como parte del modelo Mi Nueva Escuela.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, explicó que con la ley se han logrado inscribir 1,976 inmuebles, que equivalen a 1,618 centros educativos oficiales (CEO) beneficiados. Sin embargo, aún hay 1,636 inmuebles pendientes de legalizar, que se traducen en 1,232. Por esta razón, era necesario reformar la normativa.
Algunos aspectos que contempla la reforma:
Ampliación de la legalización: se extienden los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para el desarrollo de servicios educativos, de uso administrativo y aquellos en los que el Ministerio de Educación tenga interés.
Declaración de utilidad pública: se consideran de utilidad pública todos los inmuebles donde operan los Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos y uso administrativo.
Inclusión de inmuebles ISTA: se incluyen inmuebles propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) que albergan Centros Educativos Oficiales, sus anexos y los destinados a servicios educativos o administrativos.
Resumen de procesos: se crean procedimientos especiales para agilizar la titulación de inmuebles y el acotamiento de derechos proindivisos, facilitando la gestión de propiedades por parte del Ministerio de Educación. Las reformas no contemplan expropiaciones.
En este punto, el ministro Pineda aclaró que no se harán expropiaciones de inmuebles, sino que se respeta la voluntad de los dueños.
Celeridad para la legalización de inmuebles: se agiliza el proceso de legalización de inmuebles educativos al permitir levantamientos topográficos sin autorización del propietario y al facilitar la inscripción de escrituras antiguas a nombre del Ministerio de Educación.
Facilitación de la inscripción y reducción de costos: se simplifica la transferencia de propiedades al Ministerio de Educación mediante la inscripción, por Ministerio de ley y se eliminan los costos, pagos, aranceles y requisitos de solvencia para agilizar el proceso ante el Centro Nacional de Registros (CNR).
