Los transportistas en Lima y Callao, en Perú, se unieron este jueves al paro de labores de 24 horas ante la falta de intervención del Gobierno de Dina Boluarte por el aumento de asesinatos y extorsiones. Cerca de 20,000 unidades y 460 empresas frenando sus jornadas laborales.
Desde diferentes ciudades parte de la movilización se congregará fuera del Congreso, en Lima, para solicitar protección con políticas públicas que garanticen la seguridad de la población.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, aseguró que desde la primera paralización, el 26 de septiembre de 2024, la inseguridad y criminalidad en el transporte urbano va en ascenso sin que las autoridades apliquen medidas.
“Se ha incrementado la ola de extorsiones, existen más muertes de choferes, desde septiembre tenemos 16 muertes de choferes, 25 atentados y más del 50 % de las empresas están siendo extorsionadas”, compartió en entrevista a medios de comunicación local.
Valeriano calificó de inefectivo el estado de emergencia decretado por el Gobierno a mediados de marzo en Lima y Callao durante 30 días ante el aumento de la delincuencia.
La gremial no descarta un paro nacional si el Ejecutivo no atiende sus reclamos.
Ante la situación, el Ejecutivo promovió unidades de transporte para trasladar a los trabajadores a las empresas. Además, el Ministerio de Trabajo dio dos horas de «tolerancia cero» para que los empleados llegaran a tiempo.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, espera seguir dialogando con los transportistas para frenar las marchas.
“Hubiera querido que los diálogos de ayer en la noche y de días anteriores pudieran haber prosperado y servir para persuadir a nuestros transportistas de que esta no es la mejor manera de luchar contra el crimen. Confiamos en que el diálogo va a continuar y que ello va a tener una mejora progresiva”, comentó en entrevista en un medio local.
El funcionario instó al Congreso a aprobar ahora las normas que faciliten herramientas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia.