El 38.5 % de los $10,555.5 millones contemplados en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, será destinado a los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública y Defensa Nacional, según el decreto avalado en la sesión plenaria.
Estas cuatro instituciones concentrarán $4,063.3 millones, tras el recorte presupuestario al Órgano Judicial, que pasó de $533.4 millones a $369.2 millones, y la reorientación de $20 millones al Ministerio de Salud y $40 millones al Ministerio de Educación.
El pago de la deuda pública continúa siendo el mayor destino del gasto estatal, con $2,433.6 millones, equivalente al 23.1 % del presupuesto total. En segundo lugar se ubica el Ministerio de Educación, con $1,681.1 millones (15.9 %), seguido por el Ministerio de Salud, con $1,345 millones (12.7 %).
El rubro de transferencias varias ocupa el cuarto lugar, con $1,127.4 millones. Posteriormente figuran el Ministerio de Obras Públicas, con $984.8 millones; el Ministerio de Seguridad y Justicia, con $702.5 millones; el Órgano Judicial, con $369.2 millones; y Defensa Nacional, con $334.5 millones.
Otras asignaciones incluyen Gobernación, con $280.9 millones; Obligaciones generales del Estado, con $215.8 millones; Presidencia de la República, con $190.2 millones; Agricultura, con $188.3 millones; y Hacienda, con $151.6 millones.
La ley fue aprobada con 57 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra y rechazó la falta de consulta al Órgano Judicial sobre los cambios presupuestarios, además de señalar que el presupuesto sería inconstitucional debido a que la reforma constitucional relacionada no ha sido publicada materialmente en el Diario Oficial. Ortiz advirtió sobre posibles despidos en el sistema judicial.
Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, también se opusieron a la reducción presupuestaria del Órgano Judicial. Lira sostuvo que el presupuesto requerirá mayor endeudamiento y señaló deficiencias en la atención de salud. Villatoro afirmó que, tras eliminarse el mínimo constitucional para el presupuesto judicial, se aseguró que no habría reducción, pero posteriormente se restaron $164 millones a la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que los “pilares estratégicos” del presupuesto son educación, salud, seguridad y defensa. Indicó que se trata de un presupuesto balanceado y que, por segundo año consecutivo, no contempla financiamiento adicional para gasto corriente, ya que las obligaciones internas y externas de 2026 estarían cubiertas con ingresos propios.
El presupuesto 2026 también incluye 57 organizaciones no gubernamentales o fundaciones que recibirán subsidio estatal, con un monto total de $11,588,281. De estas, 39 están adscritas al Ministerio de Salud, seis al Ministerio de Educación, tres al Ministerio de Agricultura, dos al Ministerio de Ambiente y una al Ministerio de Obras Públicas.
Entre las organizaciones incorporadas figuran asociaciones, fundaciones y parroquias, mientras que otras que recibieron fondos en 2025 no fueron incluidas en el dictamen aprobado. Los cambios no fueron discutidos en el pleno y, según el decreto, el listado fue definido con base en criterios de trayectoria institucional, ejecución de proyectos y transparencia en el uso de los recursos públicos.
