Por: Alex Lobato
Durante años, El Salvador fue señalado como uno de los países más peligrosos del mundo. No era un titular exagerado ni una narrativa construida desde afuera: era la realidad cotidiana de millones de salvadoreños. Vivíamos bajo la sombra del miedo, con la incertidumbre instalada en cada salida de casa, en cada trayecto al trabajo, en cada despedida familiar que bien podía ser la última. La violencia no solo arrebataba vidas, también robaba sueños, oportunidades y dignidad.
Hubo un tiempo en que el país parecía resignado a esa realidad. Las pandillas no solo controlaban territorios, sino también la vida de la gente. Extorsionaban, asesinaban y decidían quién podía vivir y quién no. Era, sin exagerar, un estado paralelo que había secuestrado a la nación. Y en medio de ese caos, también surgieron sectores que, de una u otra forma, se acomodaron a esa dinámica. Algunos lucraban política, mediática o económicamente del dolor ajeno.
Por eso, aunque suene duro, no sorprende que todavía exista una minoría que, consciente o inconscientemente, añore ese pasado. Un pasado donde el desorden era rentable para ciertos intereses. Donde la inseguridad generaba protagonismo, financiamiento y poder. Donde el miedo era utilizado como herramienta política.
Pero ese país quedó atrás.
La llegada del Presidente Nayib Bukele marcó un punto de inflexión en la historia reciente. Su apuesta por la seguridad no fue tímida ni complaciente. Fue directa, firme y, sobre todo, respaldada por una población cansada de vivir de rodillas ante el crimen. La implementación de medidas contundentes contra las pandillas transformó el panorama nacional. Hoy, los salvadoreños pueden caminar con mayor tranquilidad, los negocios operan sin la sombra constante de la extorsión y las comunidades han recuperado espacios que por años estuvieron secuestrados por la violencia.
Decir que “de la seguridad no se come”, como lo han expresado algunos actores políticos, no solo refleja desconexión con la realidad, sino también una peligrosa indiferencia hacia el sufrimiento histórico del pueblo. La seguridad no es un lujo ni un accesorio: es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Sin seguridad, no hay inversión. Sin seguridad, no hay empleo. Sin seguridad, no hay desarrollo posible.
Hoy, El Salvador vive una nueva etapa. Y como todo proceso de cambio profundo, también enfrenta resistencia. Han surgido nuevos críticos: algunos políticos tradicionales, organizaciones con agendas cuestionables y ciertos medios de comunicación que parecen más interesados en defender narrativas que en reconocer transformaciones. Sus discursos, en muchos casos, parecen más alineados con la defensa de quienes violentaron la ley que con las víctimas que durante años clamaron justicia.
No deja de llamar la atención que haya voces que pidan abiertamente la liberación de personas vinculadas a estructuras criminales. ¿Dónde queda entonces la memoria de las víctimas? ¿Dónde queda el derecho de los salvadoreños honrados a vivir en paz? La justicia no puede ser selectiva ni acomodarse a intereses particulares.
El país que hoy se construye no es perfecto, pero es innegablemente distinto. Es un país que ha decidido romper con el ciclo de violencia y apostar por el orden, la seguridad y la dignidad. Y eso, aunque incomode a algunos, representa una victoria colectiva.
Los verdaderos protagonistas de este cambio no son los discursos políticos ni las cifras frías, sino la gente: el vendedor que ya no paga extorsión, la madre que puede ver a sus hijos jugar en la calle, el joven que ahora tiene opciones más allá del miedo. Son ellos quienes validan, día a día, que el rumbo tomado ha sido el correcto.
El Salvador ya no es la capital del crimen. Es, cada vez más, un símbolo de lo que puede lograrse cuando un país decide enfrentarse a su realidad sin miedo. Y aunque aún hay retos por delante, una cosa es clara: retroceder ya no es una opción.
