Para garantizar el derecho a la vivienda a las familias salvadoreñas, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 59 votos, la Ley especial para la legalización de calles y tramos en desuso, con el fin de brindar seguridad jurídica a más de 170 familias de la comunidad 2 de Noviembre, ubicada en el distrito Italia, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
La solicitud fue presentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para incorporar a dicha comunidad dentro de los beneficios contemplados en la normativa.
La reforma permitirá que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) inicie el proceso de transferencia de títulos de propiedad a las familias que habitan en la zona y que, pese a residir ahí desde hace más de dos décadas, aún no cuentan con escrituras.
El diputado presidente calificó como un hecho histórico el proceso de legalización de la comunidad 2 de Noviembre.
Castro recordó que la comunidad comenzó a formarse entre los años 2000 y 2001, cuando varias familias adquirieron lotes en la zona; sin embargo, la legalización nunca llegó y posteriormente fueron víctimas de una estafa que superó los $50,000.
“Pasaron muchas personas, políticos, alcaldes y aspirantes a diputados durante muchos años y períodos, pero al final nadie les resolvía”, manifestó el presidente Castro..
El legislador afirmó que, tras conocer el caso a través de líderes comunitarios, iniciaron coordinaciones con el Gobierno y con instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda para buscar una solución jurídica.
Asimismo, recordó que el pasado 8 de mayo visitó la comunidad para entregar el informe técnico del MOPT que autorizó la desafectación de la calle en desuso donde están asentadas las familias.
“Ese día yo no llegué con un discurso, llegué con un papel, y ese papel era la resolución legal donde el MOPT estaba de acuerdo con la desafectación de los terrenos”, expresó el titular del Órgano Legislativo.
Castro explicó que posteriormente presentó la iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, la cual fue estudiada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial antes de pasar al pleno legislativo.
Aseguró que con esta aprobación se está resolviendo una problemática que durante décadas no recibió respuesta.
“Queremos agradecerles a la comunidad 2 de Noviembre por invitarnos a ser parte de su historia, de esta lucha de 25 años en donde generaciones y generaciones pasaron y nunca fueron escuchados, pero que ahora sí han sido escuchados”, sostuvo Castro.
El acercamiento de la comunidad con el presidente Castro
El proceso para avanzar en la legalización de la comunidad y garantizar certeza jurídica sobre los terrenos inició en julio de 2025, cuando líderes comunitarios sostuvieron acercamientos con el diputado presidente Ernesto Castro y su equipo técnico, con el objetivo de impulsar la desafectación de la calle en desuso donde está asentada la comunidad.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2026, Castro visitó la comunidad e hizo entrega del Informe Técnico de Inspección y Factibilidad emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), documento que autorizó la desafectación del tramo de calle al determinar que ya no posee uso vial y que puede convertirse en un bien patrimonial apto para vivienda.
Tras ello, el diputado introdujo la iniciativa de ley durante la Sesión Plenaria N.° 109, la cual fue enviada a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Como parte del proceso legislativo, el lunes 18 de mayo de 2026, representantes de la comunidad acudieron a la Asamblea Legislativa para participar en la comisión respectiva e impulsar la aprobación del decreto que permite la desafectación de la calle en desuso.
Historia de la comunidad
La legalización de terrenos busca resolver una situación de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica que ha afectado históricamente a los habitantes de la comunidad, fundada entre los años 2000 y 2001.
Durante 25 años, las familias enfrentaron condiciones de precariedad habitacional y el asedio de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS), además de años de gestiones sin respuesta ante diferentes instituciones estatales y municipales.
La comunidad también sufrió en 2015 una estafa masiva superior a los $50,000 por parte de Nelson Hugo Ramírez Sigarán, quien actualmente cumple condena por estafa agravada, luego de ofrecer supuestos procesos de legalización que nunca se concretaron.
Asimismo, los habitantes denunciaron haber enfrentado durante años manipulación política por parte de administraciones y partidos tradicionales, que prometieron resolver la problemática habitacional sin concretar la legalización de los terrenos.
Además, los habitantes sostuvieron que durante las administraciones de ARENA y el FMLN tocaron las puertas de municipales e instituciones estatales y no obtuvieron respuestas favorables para resolver la problemática habitacional de la zona.
