Con 59 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Anticorrupción, con el objetivo de reforzar la transparencia y probidad de los funcionarios públicas mediante medidas claras y contundentes.
La Ley Anticorrupción será aplicables a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para estas acciones, se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para ejecutar labores de regularización y verificación del patrimonio.
Dicho Sistema estará integrado por 12 instituciones públicas: La Fiscalía General de la República (FGR); Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; la Policía Nacional Civil (PNC), Corte de Cuentas de la República (CCR); el órgano Judicial; Ministerio de Hacienda; la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); Comisión Nacional de Registros (CNR); Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT); Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, propuso crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta Ley Anticorrupción busca endurecer las penas por los delitos de corrupción entre los funcionarios público.