Con el objetivo de fortalecer la preparación académica y técnica del personal fiscal, la Asamblea Legislativa aprobó, con 60 votos, la Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), una iniciativa orientada a elevar la calidad de la investigación criminal y robustecer el sistema de justicia.
El instituto nace como una apuesta para modernizar y profesionalizar la formación del talento humano que enfrenta delitos cada vez más complejos, mediante programas académicos actualizados en ciencias jurídicas, forenses, criminología e investigación criminal.
Entre sus principales proyectos está la implementación de la primera maestría en investigación criminal en Centroamérica y el Caribe. Esta oferta académica busca formar profesionales altamente especializados que contribuyan a mejorar la calidad de las investigaciones y la administración de justicia.
Durante la discusión del proyecto de ley, el diputado Caleb Navarro argumentó que la lucha contra el crimen también depende de la capacidad de las instituciones de seguridad y recordó que, en el pasado, muchos casos “se caían ante los juzgados” debido a la falta de robustez técnica para sustentar la evidencia penal.
“Hemos dado las herramientas necesarias para fortalecer las instituciones que combaten el crimen organizado. La Fiscalía debe transitar hacia una especialización al talento humano con las herramientas que le proporcionará este instituto”, afirmó Navarro.
Agregó que el instituto tendrá competencia en todo el territorio nacional y su sede principal estará ubicada en el Antiguo Cuscatlán. Además, podrá formar no solo a personal fiscal, sino también a miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, bajo un enfoque que incluye principios éticos.
El representante legal del instituto será el fiscal general y no implicará una partida presupuestaria adicional, ya que operará con fondos asignados a la FGR.
Otros aspectos clave del instituto
La nueva entidad será de carácter público, especializada y contará con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio, duración indefinida y estará adscrita a la Fiscalía.
Además, tendrá la facultad de diseñar e impartir programas académicos en distintos niveles, desde formación inicial hasta estudios de posgrado. Asimismo, impulsará la investigación científica aplicada, desarrollará metodologías especializadas, publicará obras académicas y podrá establecer convenios de cooperación nacional e internacional.
También estará orientado a fortalecer la ética, la transparencia y la protección de víctimas y grupos vulnerables, además de promover programas de educación continua y certificación de competencias profesionales bajo estándares de calidad reconocidos.
