El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, concluyó una serie de interrogatorios a tres testigos, de una empresa colombiana que realizó funciones de supervisión en el proyecto de construcción de la presa El Chaparral, por lo anterior el juzgado ha programado la audiencia preliminar para el 18 de julio.
Los anticipos de prueba fueron solicitados por la querella representada por la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el fin de robustecer la investigación.
Al finalizar la diligencia, una representante de la querella informó que la empresa colombiana estuvo a cargo de realizar un valúo de obras de bienes y servicios de El Chaparral, y que según sus declaraciones fue utilizado como excusa para desembolsar un dinero que no le correspondía a la sociedad ASTALDI en contra de los intereses de CEL.
También aseguró que con la declaración de estos testigos se confirma que la solicitud de embargo de parte de la CEL contra ASTALDI por más de 200 millones, tiene como base el principio de la legalidad, pues a esta sociedad solo se le iba a pagar la obra real ejecutada para CEL y no otro monto que no correspondía.
Dijo que “este beneficio que se le dio a la sociedad italiana fue motivado por la entrega de supuestas dádivas a través de empresas offshore al expresidente Mauricio Funes y al empresario Miguel Antonio Meléndez”.
Por este caso son procesados por el delito de peculado, lavado de dinero el expresidente, Carlos Mauricio Funes Cartagena, el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, José Miguel Antonio Meléndez, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Mario Federico Perasgostine Marocchi, de origen italiano, por cohecho propio.
