Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha registrado 746 días sin homicidios, de los cuales 633 corresponden al período bajo el régimen de excepción.
Esta medida, impulsada por el Ejecutivo en respuesta a la crisis de seguridad, ha sido respaldada nuevamente por la Asamblea Legislativa, que aprobó su prórroga número treinta y dos con el apoyo de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PDC y PCN. En contraste, los legisladores de ARENA se abstuvieron, y Claudia Ortiz, de VAMOS, votó en contra.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en nombre del Consejo de Ministros. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó la importancia de esta medida, argumentando que es una herramienta clave para evitar el retorno de la violencia pandilleril que afectaba al país. «Nuestros votos para esta iniciativa significan que las atrocidades que ocurrían en el pasado, con la delincuencia, no vuelvan a suceder», declaró Castro.
El régimen de excepción permite la suspensión de ciertas garantías constitucionales, establecidas en los artículos 12, 13 y 24, y fundamentadas en los artículos 131 y 29 de la Constitución.
Esto ha permitido a las autoridades desplegar operativos de gran envergadura y reducir la presencia de pandillas en el país, que, según el diputado Ángel Lobo, ha transformado la seguridad en El Salvador. «Ahora la seguridad en El Salvador es una nueva realidad que permite al salvadoreño desplazarse sin temor», afirmó.
Entre los argumentos presentados por el gobierno para la extensión del régimen, destaca la necesidad de combatir remanentes de pandillas que aún buscan evadir la justicia. La implementación del cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre en San Marcos, en el sur de San Salvador, es uno de los operativos habilitados bajo el marco legal del régimen de excepción.
