En El Salvador existe un alto porcentaje de microempresarios y para que el Estado continúe apoyando a este sector, la Comisión de Hacienda dictaminó a favor de reformar Ley de Creación del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA).

Las enmiendas buscan atender las necesidades crediticias de las mujeres en los sectores comerciales, industriales, agropecuarios y artesanales, actualizar la normativa para que responda a la modernización de los comercios y los negocios e incorporar disposiciones con condiciones más favorables para las familias micro y pequeñas empresarias.

Una de las modificaciones va encaminada a que la cantidad de salarios mínimos para poder acceder a un crédito sea de 51 a 112 salarios, debido a la alta demanda. Actualmente la normativa contempla la entrega de créditos a partir de 50 salarios mínimos.

Además, con las modificaciones el FOSOFAMILIA debería otorgar créditos de forma igualitaria e inclusiva, con enfoque a la mujer salvadoreña.

Las modificaciones también contemplan que la institución obtenga fondos para incrementar su patrimonio a través de los subsidios que le conceda el Estado para aumentar su capital inicial, las asignaciones presupuestarias que se asignen a favor de FOSOFAMILIA para fortalecer su patrimonio y los demás bienes que a cualquier título adquiera del Estado, entidades oficiales y particulares, para el cumplimiento de sus objetivos.

Christian Guevara destacó que con el fondo solidario se ha beneficiado a hombres pero también a mujeres ya que el trabajo tiene un enfoque de género. Detalló que el fondo solidario actualmente tiene 11 líneas de crédito que cuentan con tasas de intereses accesibles, desde 1.5 % hasta el 4% por ciento en créditos de $500.00 a $13,400.00.

Según la iniciativa para que se pueda entregar un crédito a los beneficiarios es necesario tomar en cuenta aspectos como la condición socioeconómica de los solicitantes y la responsabilidad, la situación dentro de su núcleo familiar, la calificación crediticia en el sistema financiero, el tipo de actividades productivas a las que se han dedicado o pretenden desarrollar, plan de negocio y los aspectos a financiar.

Además se tomará en cuenta las garantías crediticias prendarias, hipotecarias, personales y las establecidas en la Ley de Garantías Mobiliarias y la capacidad de pago de acuerdo con la actividad productiva de cada persona, para establecer las cuotas, tasas de interés y plazos.