El Ministerio de Economía (MINEC), presentó a la Asamblea Legislativa un grupo de reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) con el objetivo de brindar a la Defensoría del Consumidor más herramientas para proteger los derechos de los ciudadanos.
Una de las reformas presentadas consiste en darle la facultad a la Defensoría de allanar establecimientos de proveedores de bienes y servicios, con el objetivo de combatir la especulación y acaparamiento de productos, acciones que afectan la economía familiar, debido a que se incrementa el precio de los productos.
Al respecto, Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, expresó que las reformas permitirán a la institución «atender y aliviar la economía familiar [en el contexto de la inflación mundial y sus efectos en nuestro país], ser más eficientes en la protección de los consumidores y ejercer con mayor determinación la defensa de sus derechos».
Otra de las reformas, permitirá la creación de la figura del «delegado encubierto», con el objetivo de realizar inspecciones de manera incógnita, con la finalidad de identificar prácticas abusivas en contra de los consumidores.
Otros de los objetivos de las reformas son: Ampliar derechos al consumidor y obligaciones a proveedores, fortalecer la protección a consumidores, proveer herramientas de vigilancia de mercado, readecuar disposiciones de la LPC, ampliar el catálogo de infracciones y definición de prescripción.
