Por:Oscar Martínez Peñate
En El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele como presidente las decenas diarias de asesinatos, violaciones, extorsiones, asaltos, así como las masacres, caravanas de salvadoreños viajando a pie hacia los Estados Unidos eran parte de la realidad nacional salvadoreña, a tal punto, que llegó incluso a verse como “normalidad”, mientras todos estos hechos crueles e inhumanos sucedían contra la ciudadanía salvadoreña, las ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, incluida la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quienes guardaron silencio cómplice, es decir, que para estos progres todo estaba bien.
Entre las mentiras propagadas por las organizaciones progres de derechos humanos están que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción son un fracaso, que en los gobiernos de ARENA y el FMLN la población salvadoreña gozaba de seguridad y de democracia, y ahora a la población salvadoreña sufre; esta propaganda mentirosa es despreciada por los salvadoreños y a nivel internacional no tiene eco, no obstante, continúan desprestigiando al país y al gobierno, que es la forma en que se ganan el salario que les proporciona George Soros y compañía.
Como es lógico las organizaciones progres incluidas los medios de desinformación digitales minimizan y menosprecian el excelente trabajo de seguridad que realizan la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, a quienes la población los considera héroes; esta situación ha sido confirmada en todas las encuestas incluidas las que han realizado la oposición, ambas instituciones que forman el equipo de seguridad gozan del respaldo de más del 90 por ciento de la población.
Las organizaciones progres de derechos humanos y medios digitales de desinformación están en contra de la presencia militar y policial en los que fueron bastiones del crimen organizado, ya no se diga de los cercos militares, obviamente, porque están en contra de la captura de los terroristas, y esa es su forma de defenderlos y protegerlos al calificar de militarización, en cambio, la población de esos antiguos santuarios de los pandilleros se sienten segura y protegida por los cuerpos de seguridad.
La oposición salvadoreña por ser minúscula carece de incidencia, y con el afán de incrementar su diminuto tamaño recurre al desprestigio del gobierno acusándolo de prácticas que realizaban en sus gobiernos de ARENA y el FMLN, y en su intento de engañar y tratar de confundir a la ciudadanía salvadoreña recurre a fuentes ficticias y a rumores.
En los gobiernos anteriores las organizaciones criminales al saber la identidad de las personas que declaraba en juicio significaban pena de muerte para el testigo, porque eran asesinadas y de esa manera eliminaban físicamente la aportación del testimonio y de pruebas, ahora los defensores de los criminales demandan conocer la identidad de los testigos, para volver a las prácticas perversas del pasado.
Las organizaciones defensoras del crimen organizado bajo los subterfugios de defensa de los derechos humanos y de la democracia protestan porque son auditados por las instituciones del Estado, claro, ahora ya no pueden blanquear o lavar dinero proveniente de la criminalidad, asimismo, tienen que declarar quienes son sus patrocinadores y el origen del financiamiento.
Las organizaciones criminales y sus ONG fachadas tienen el serio problema de que en El Salvador ahora existe un Estado de derecho democrático, con sus respectivos pesos y contrapesos formados por un Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Judicial poderes independientes, pero que trabajan coordinadamente en beneficio del ciudadano honrado y no de los crimínales, y que obviamente son respetuosos de los derechos humanos.
