La abogada Tahnya Pastor, explicó que algunos funcionarios de la actual Asamblea Legislativa podrían ser acusados por los delitos de estafa, falsedad ideológica y negociaciones ilícitas, por encubrir más de 1,000 plazas fantasmas en ese órgano de Estado en los últimos años.
«Estos contratos son falsos, contienen una voluntad viciada y quizá es un contrato criminal, es decir, es un medio utilizado para un fin de defraudar al erario público», explicó la conocedora del derecho.
Pastor también, agregó que otro de los delitos que podrían enfrentar los legisladores es de la omisión de aviso, ya que no solo los jefes de fracción o la junta directiva del congreso tienen conocimiento de las plazas fantasmas, sino también el resto de parlamentarios.
«El artículo 312 del código penal establece que el funcionario que tenga conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y es ridículo la pena que se le impone a los funcionarios que no cumplen con su deber de informar a las autoridades», detalló Tahnya Pastor.
La abogada aclaró que, esto solo es el principio. “Tenemos también la cuestión de los viáticos y seguros médicos de los diputados, a través de los cuales se han malgastado los recursos de los salvadoreños», recordó.
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