La organización de derecha FUSADES, unida a otros voceros de oposición política, han lanzado una campaña en contra de la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y se lleve ante la justicia a los responsables. En El Salvador, más de 10 mil millones de dólares fueron malversados desde la administración pública en los gobiernos de ARENA, sin contar en este dato el monto en la corrupción fiscal, lo que puso de manifiesto una cultura corrupta de ese instituto político, apoyada por leyes obsoletas.
De acuerdo con FUSADES la no prescripción de delitos de corrupción es inconstitucional, a pesar que el artículo 32 de Código Procesal Penal, ya contempla una clasificación de delitos a los cuales aplica imprescriptibilidad.
El artículo 32 de Código Procesal Penal dice que: «no prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas y de los delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz».
A finales de julio pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda procesar a quienes fueron funcionarios de Gobiernos anteriores. La iniciativa también busca que la reforma se declare de «orden público» para que aplique a delitos cuyo periodo de persecución penal haya concluido.
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