El Parlamento de Grecia aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La normativa, impulsada por el Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, establece nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas, que deberán implementar mecanismos fiables de verificación de edad.
La iniciativa, respaldada por legisladores del partido oficialista Nueva Democracia, busca reducir los efectos del uso excesivo de pantallas entre los jóvenes, limitar su exposición a algoritmos diseñados para fomentar el uso prolongado de las plataformas y proteger su salud mental y capacidad de concentración.
La verificación incluirá las cuentas existentes
Uno de los aspectos centrales de la legislación es que las restricciones no se limitarán a los perfiles creados después de su entrada en vigor. Las plataformas también deberán verificar la edad de los usuarios que ya tengan cuentas registradas.
Las empresas tecnológicas dispondrán de dos meses y medio para desarrollar e implementar sistemas de comprobación de edad que permitan aplicar la medida y, al mismo tiempo, proteger los datos personales de los usuarios.
Como parte de la estrategia, el Gobierno griego pondrá a disposición herramientas digitales estatales, entre ellas Gov.gr Wallet y Kids Wallet, que permiten validar la edad sin necesidad de compartir información sensible, como el nombre completo o la fecha exacta de nacimiento. Las compañías también podrán desarrollar sus propios mecanismos de verificación.
Grecia se suma al debate sobre las restricciones digitales en Europa
La decisión se enmarca en los esfuerzos de varios países europeos por regular el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, ante la preocupación por sus posibles efectos en el bienestar y el desarrollo de los menores.
Francia también ha impulsado medidas similares. Sin embargo, las iniciativas de este tipo han generado cuestionamientos relacionados con la libertad de expresión, la proporcionalidad de las restricciones y la protección de los derechos de los usuarios.
En ese contexto, la aplicación de la normativa griega podría enfrentar desafíos legales y abrir un nuevo debate sobre los límites de la regulación digital en Europa, así como sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la protección de los menores.
