Más de medio millón de víctimas sufrieron desplazamiento forzado, que provocaron las diferentes estructuras terroristas en los gobiernos de ARENA y que fue agudizado en las administraciones del FMLN, que en su segundo período, entre 2014 y 2019, permitió la multiplicación de las pandillas y registró más de 23,020 homicidios a escala nacional.
En el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018), publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), se reportaron para ese año 327,000 personas que fueron desplazadas por violencia criminal, que incluye: homicidios, amenazas y extorsiones, entre otros delitos cometidos por pandilleros.
Para el 2016, el IDMC sumó 220,000 casos de desplazamientos en el país y en 2015 registraba a 170,000 personas.
2016 fue el año en el que más desplazamientos ocurrieron en todo el territorio, entre los que están la expulsión de 20 familias del cantón San Isidro, en Panchimalco, por amenazas de las maras. Meses después, otras 40 familias huyeron del cantón El Cedro, del mismo municipio, por las mismas razones.
En septiembre de 2016, más de 40 familias abandonaron sus viviendas en el cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate. En octubre de ese mismo año, 20 familias tuvieron que desalojar sus viviendas en los condominios Jardines de las Américas, del barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, luego de ser amenazadas por pandilleros.
La situación anterior fue el calvario que vivieron miles de familias salvadoreñas por muchos años ante la falta de acción de los gobiernos de turno, tras ceder los territorios a los terroristas. Incluso la Policía llegaba para escoltar a las familias que se iban. Pero esos hechos cambiaron desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial.
En agosto pasado, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que los inmuebles y los territorios cambiarían por completo y tendrán mejor plusvalía en el momento que arrestaran hasta el último pandillero.
A un año de la implementación del régimen de excepción, los inmuebles recuperados incrementaron su valor, y de acuerdo con el expresidente del Banco Central de Reserva Carlos Acevedo, es el resultado de la guerra a las maras.
Mientras que, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que con estas acciones están “poniendo fin al desplazamiento forzado que había en el país, la gente está regresando”.
Entre las viviendas recuperadas hay 3,400 en el departamento de San Salvador; 500 en La Libertad; 290 en Santa Ana, y 150 en Sonsonate.
