El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, cuya elección fue ilegal, además de ser señalado como financista del FMLN, cuestionó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general Raúl Melara, aprobada por amplia mayoría de la Asamblea Legislativa, dice que no se cumplió el debido proceso.
Sin embargo en un comunicado, Tobar se contradice, al afirmar que nunca defenderá a funcionarios que se hayan alejado de sus funciones constitucionales, pero que se respete el debido proceso al limitarlos o destituirlos.
No obstante la Asamblea actuó apegada al Art. 186 de la Constitución que entre otras cosas, ordena que los magistrados serán destituidos de sus funciones por causas específicas.
En el caso de Melara, este fue destituido por ser afiliado y financista del partido ARENA, entre otras causas.
