El Juzgado Quinto de Vigilancia decretó arresto domiciliario al exfiscal Luis Martínez quien cumple la pena de cinco años de prisión el próximo 26 de agosto por el caso del padre Toño. Sin embargo, deberá seguir en arresto porque tiene dos procesos judiciales.
El Juzgado resolvió que deberán cumplirse las medidas alternas impuestas en los otros procesos pendientes, en este caso son arresto domiciliario y la imposición del brazalete electrónico.
A pesar que se ha decretado arresto domiciliario, Centros Penales informó que no tiene brazalete para colocarle al exfiscal Martínez. En tal sentido Fiscalía aclaró que el imputado pasará al nuevo domicilio el 27 de agosto y que serán los jueces los que deben determinar lo del dispositivo.
Martínez pidió al juez que si podía salir antes del 26 de agosto próximo por el trabajo penitenciario desarrollado en favor de los reclusos adultos mayores. El juez le denegó esa petición.
Luis Martínez se convirtió hoy en el primer exfiscal general salvadoreño condenado a cárcel. Fue condenado a cinco años de prisión por revelar audios reservados que fueron captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en contra del sacerdote Antonio Rodríguez.
Los otros dos procesos judiciales que enfrenta Luis Martinez son: uno en el Juzgado Cuarto de Instrucción junto a otros 29 imputados detenidos en el caso conocido como «Corruptela”, ahí se le imputan los delitos de Lavado de dinero y activos, Peculado, Peculado en grado de cómplice necesario, Cohecho activo, Negociaciones ilícitas, Omisión de la investigación, Falsedad ideológica y documental.
En el otro caso, Luis Martínez es señalado por suspuestas pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones contra el abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.
Por eso el exfiscal Luis Martínez, el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Alberto Arriaza Chicas González y el abogado Héctor Grimaldi, son acusados por la Fiscalía de actos arbitrarios, omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones y documentos secretos por empleado oficial y fraude procesal.
