El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolvió otorgar un plazo de cuatro meses a los peritos que trabajan las auditorías denominadas “Valúo de armas” y “Examen especial en el proceso de contratación”.
En este caso se procesan a los exministros de defensa, David Victoriano Munguía Payés, José Atilio Benítez y al empresario Carlos Gustavo López, acusados de peculado, cómplices necesarios de peculado y falsedad documental.
Durante la audiencia especial, los peritos expusieron a la jueza las dificultades que enfrentan para darle continuidad a las pericias, entre estas el volumen de información “miles de folios que hay que revisar”, además hay información incompleta, aseguraron.
Al respecto la juzgadora señaló que es necesario otorgar la prórroga para llegar a la verdad real de un caso complejo, y por lo mismo se requiere recolectar elementos de cargo y descargo. La jueza especificó que la prórroga no afecta a los procesados porque todos gozan de medidas sustitutivas.
Según el dictamen fiscal existió un contrato de permuta de armas obsoletas (obuses) presuntamente en mal estado con la empresa Centrum, S.A, que causó un perjuicio de más de 2 millones de dólares al Estado.
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