Tras darse a conocer la noticia sobre que un testigo del caso «Operación Cuscatlán» señala al actual presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, como uno de los políticos que ofrecieron dinero a los pandilleros a cambio de favores electores, el presidente de la República Nayib Bukele solicitó al Fiscal General, Raúl Melara abrir una investigación.
Son «de 20 a 30 años de cárcel y multa de cien mil a quinientos mil dólares… veremos si la ley aplica para todos», afirmó Nayib Bukele citando el artículo 29 de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo en la que se establece que «el que por cualquier medio, directa o indirectamente, proporcionare, recolectare, transportare, proveyere o tuviere en su poder fondos o tratare de proporcionarlos o recolectarlos, dispensare o tratare de dispensar servicios financieros u otros servicios con la intención de que se utilicen, total o parcialmente para cometer cualquiera de las conductas delictivas comprendidas en la presente Ley, será sancionado con prisión de veinte a treinta años, y multa de cien mil a quinientos mil dólares».
También, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker se pronunció en tal sentido exigiendo a las autoridades de fiscalía proceder a investigar a Norman Quijano.
«Señor fiscal de la República Raúl Melara le pedimos tome cartas en el asunto en este caso en donde a todas luces se ha negociado con vidas de Salvadoreños. Estos casos NO pueden quedar en la impunidad, y deberíamos exigir los Salvadoreños honrados la renuncia de Norman Quijano», dijo Federico Anliker.
De acuerdo con el testigo criteriado identificado como «Noé» el entonces candidato presidencial del partido ARENA, Norman Quijano ofreció $1 millón a cambio de obtener el favor electoral de las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014 en las que al final resultó ganador en segunda vuelta el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
