El Juez de lo Civil de Quezaltepeque Interino, Luis Antonio Benitez, solicitó a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, ser separado de seguir conociendo el caso de ejecución forzoza o embargo en contra de la empresa UNIGAS, promovida por los representantes legales de Servicios de Gas Propano (SEGAPRO).
El caso deriva de un proceso penal en contra del exgerente general de UNIGAS, Herbert Osmín Mérida Elías, acusado de emitir cheques fraudulentamente a un monto de $4.3 millones en complicidad con el exgobernador de Ahuachapán Edgar Mauricio Perdomo Góchez, cuando era representante legal de la empresa SEGAPRO S.A. de C.V. , durante la administración del gobierno de Mauricio Funes.
El juzgador, al presentar un escrito, afirma ante la Cámara de Santa Tecla que su decisión se debe a que su labor ha sido cuestionada por la parte ejecutante y que además le fue ofrecido un presunto «Soborno».
“Una persona en representación de una de las partes le ofreció una dádiva a fin de resolver favorablemente sobre el pago por 700 mil dólares en beneficio de la parte ejecutante”, se establece en el documento presentado por el juzgador.
Aunque la Cámara no aceptó separar al juzgador del caso, le solicitó acudir a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República para interponer las respectivas denuncias por el presunto soborno.
El caso penal promovido por la Fiscalía General de la República en contra de Mérida Elías se encuentra en la etapa previa a juicio.
