En 2016, una mujer presentó una demanda de cuota alimenticia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra Miguel Alberto T. S., padre de su hijo. Tras confirmarse su paternidad mediante una prueba de ADN solicitada por él, se estableció una cuota de $50.00 mensuales para el mantenimiento del menor.
Sin embargo, el responsable ha incumplido este pago de manera reiterada, realizando aportes parciales en algunas ocasiones. A la fecha, adeuda un total de 75 cuotas, más el aguinaldo, lo que suma un monto de $4,500 correspondiente al período de diciembre 2017 a agosto de 2024.
Durante la audiencia inicial en el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, la madre del adolescente, que ahora tiene 12 años, declaró que Miguel Alberto no solo ha abandonado económicamente al joven, sino que también ha descuidado sus necesidades emocionales al no brindarle tiempo ni mantener comunicación con él.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por incumplimiento de los deberes de asistencia económica, así como de abandono y desamparo de personas, en perjuicio de su propio hijo. Tras evaluar los indicios de prueba, se resolvió la continuación del proceso a la etapa de instrucción, imponiendo medidas sustitutivas a la detención, como la obligación de residir en un domicilio fijo, no salir del país y presentarse mensualmente ante el Juzgado de Instrucción asignado.
