En el seno de la Asamblea Legislativa se buscan reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal para que «los delitos de corrupción no prescriban», esto sin la necesidad de reformar la Constitución, sin embargo el partido ARENA se opone a que dicha iniciativa avance.
El pasado mes de mayo el diputado independiente Leonardo Bonilla, presentó la propuesta ante la junta directiva del Congreso, que necesita 43 votos de los 84 diputados para su aprobación.
La propuesta de reforma también busca que el país «armonice» su legislación con el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Estatuto de Roma, que «da pie para que los delitos de corrupción puedan ser constitutivos de delitos de lesa humanidad» y «pueda ser justificable la no prescripción».
El país centroamericano emprendió una ofensiva contra la corrupción en los últimos años con la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza.
Diversos informes de esta oficina del Supremo llevaron a procesos civiles a los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014), que derivaron en causas penales.
