Rolando Castro, ministro de Trabajo, informa que el departamento jurídico prepara los oficios para enviarlos a la Fiscalía General de la Republica, sobre las empresas e instituciones que se han quedado con las retenciones legales de los trabajadores.
El funcionario dijo que este tema ya no es una sanción administrativa, sino que es un delito penal, y por eso presentaran las demandas a la Fiscalía.
Las retenciones legales con las que se han quedado empresa e instituciones son las del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y dinero de préstamos de los trabajadores.
Rolando Castro informó que en los escasos se encuentran empresas y alcaldías, incluyendo la de San Salvador.
