Con el objetivo de luchar contra las estructuras criminales, el Presidente de la República, Nayib Bukele, destacó las ocho iniciativas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa esta noche en una sesión extraordinaria.
“El RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN ha sido clave en la #GuerraContraPandillas, pero necesitamos más herramientas legales para luchar más eficazmente. Es por eso que envié nuevas iniciativas de ley a la Asamblea, que están siendo aprobadas ahora mismo”, reaccionó el Jefe de Estado.
Modificaciones a implementar a las herramientas legales
Reforma al Código Penal
Con 76 votos a favor, los parlamentarios admitieron la incorporación de un inciso final en el artículo 162 del Código Penal, en donde se plasma el incremento del rango de las penas –de 20 a 30 años de prisión- para reprimir y disuadir el comportamiento negativo.
Por lo que se agregaría: “En los casos en que los delitos a que se refiere este artículo sean cometidos por miembros terroristas (maras o pandillas) o de cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, la pena a imponer será de veinte a treinta años”.
Además, de acuerdo a lo solicitado, también se reformará el artículo 345 de esa misma normativa:
Penas de tres a cinco años de prisión: Por lo que serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones que estén conformadas por tres o más personas, de carácter temporal o permanente y que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir.
Penas de 20 a 30 años de cárcel: A los miembros de agrupaciones mencionadas en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
A los cabecillas: A los dirigentes de pandillas o grupos terroristas y a los financistas de estos se les aplicará una sanción carcelaria de 40 a 45 años.
A los mediadores: A los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones también serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de prisión.
A funcionarios que delinquen: Las reformas también condenarán a autores o participantes que formen parte de la autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público con una pena que se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo.
Reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas
Con 75 votos, los legisladores aprobaron reformas a la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, con lo cual se tipifica como agravante la violación a la norma cuando los delitos sean cometidos por miembros de grupos terroristas o cualquier agrupación, asociación u organización criminal.
Los pandilleros que incurran en los delitos referidos en la ley (posesión, tenencia, cultivo, tráfico y promoción de drogas) pagarán prisión de 20 a 30 años. Esta modificación se agregaría como inciso final al artículo 54 de la referida ley.
“Las pandillas, durante todo este tiempo que no fueron combatidas por gobiernos anteriores, pudieron crecer y relacionarse en este tema; crecieron tanto que se involucraron en el narcotráfico”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Eduardo Amaya.
Dijo que, durante 2021, las autoridades de seguridad incautaron más de $270 millones en drogas, en lo cual estuvieron involucradas estructuras terroristas.
“No podemos permitir que estos grupos se sigan financiando con actividades relativas a las drogas”, aseveró.
Reforma al Código Procesal Penal
Con 66 votos a favor, los parlamentarios aprobaron una serie de reformas al Código Procesal Penal con el fin de endurecer las reglas relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de las conductas delictivas cometidas por miembros, colaboradores, apologistas y financistas de los grupos terroristas.
Las reformas contemplan modificaciones a los artículos ocho, 73, 88, 221 y 331 del Código Procesal Penal.
Entre las modificaciones se encuentran: Eliminar las medidas alternas a la detención para todos aquellos miembros de grupos terroristas, también se agregan nuevas medidas de protección para jueces y aplicadores de justicia.
Además, con el fin de proteger la vida de las personas que sirven de testigos en los procesos judiciales, se establece que su declaración será válida aunque estos no comparezcan personalmente.
En ese sentido, la diputada Suecy Callejas aseguró que estas modificaciones son constitucionales y buscan garantizar la seguridad jurídica de los salvadoreños.
“Queremos proporcionar las herramientas jurídicas para reestablecer el orden y salvaguardar la vida, la seguridad, la paz y la soberanía nacional. También, queremos proteger la identidad de los jueces en los procesos penales» recalcó la Vicepresidenta de este órgano de Estado.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro señaló que estas modificaciones buscan proteger la integridad de las personas que estén involucrados en los procesos judiciales.
“Estas reformas al Código Procesal Penal se resumen en proteger los datos de los jueces, porque sabemos que han sucedido casos en los que pandilleros han llegado a afectar su integridad para que no emitan las sentencias”, indicó el parlamentario de la bancada cyan.
Reforma a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo
Un total de 65 legisladores votaron para modificar el artículo cuatro de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en el que se determina que las organizaciones terroristas son aquellas agrupaciones -además de las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal- las provistas de cierta estructura con jerarquía y que utilizan métodos violentos o inhumanos con la finalidad de infundir terror, inseguridad, alarma o afecta los derechos de la población.
Además, los cambios a dicha ley contemplan la sustitución al artículo 13, en donde se plasma un incremento sancionatorio con prisión de 15 a 20 años a los que formen parte de organizaciones terroristas, con el fin de realizar cualquiera de los delitos contemplados en la dicha ley y a los que sean dirigentes o cabecillas de estos grupos con 30 a 40 años de cárcel.
“Los salvadoreños nos exigen tranquilidad y no más paños tibios para los delincuentes. Con estas iniciativas, los resultados serán aún más contundentes”, comentó el diputado Francisco Villatoro. “A la población le digo, tienen un Gobierno y una Asamblea que trabajarán para garantizarles seguridad. Estamos en el camino correcto, es un trabajo en conjunto para favorecer a nuestra gente”, agregó.
Reforma a las Ley Penal Juvenil
Con los votos de 65 diputados se aprobaron reformas a la Ley Penal Juvenil, con el fin de añadir pena de prisión para los casos en que menores de edad pertenecientes a estructuras terroristas cometan delitos.
Queda establecido en la normativa, con un quinto inciso agregado al artículo 15 de la ley, que los menores de edad que hubieren cumplido los 16 años que cometieren delitos pagarán prisión de hasta 20 años, y cuando hubieren cumplido los 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel.
“Tenemos una ley penal juvenil que regula el comportamiento delictivo de niños entre 12 y 18 años y, actualmente, no tiene dentro de sus medidas la prisión. Cuenta nada más con orientación y apoyo familiar, libertad asistida, internamiento, entre otros. Con esta reforma estamos enviando un mensaje a los niños de 12 a 18, para que tomen decisiones consecuentes”, declaró la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
La legisladora dijo que niños de estas edades están capacitados para asesinar, por lo cual es necesario imponer sanciones más fuertes para disuadir estas conductas delictivas, con el fin de garantizar los derechos humanos de la población que es golpeada por el flagelo de la violencia.
Los delitos referidos en la ley son homicidio simple, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión, posposición y conspiración en el delito de extorsión, secuestro, posposición y conspiración en el delito de secuestro, atentados contra la libertad individual agravados en el delito de secuestro, violación en menor o incapaz, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, robo agravado, así como proposición en el delito de robo agravado.
También se incluyen los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, cometidos por miembros de estructuras terroristas.
Asimismo, las enmiendas contemplan una modificación al artículo 17 de la ley que deja claro que por la comisión de los delitos antes descritos no será procedente la modificación, sustitución o revocatoria de la medida impuesta al menor de edad.
Reforma a la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión
Los diputados aprobaron con 73 votos reformar la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, a fin de endurecer las penas y agregar nuevas agravantes en algunos tipos penales.
Las modificaciones admitidas contemplan la modificación de los artículos tres y cuatro de la normativa actual. Con esto se amplía el rango de penas, estableciendo un período de 15 a 20 años de prisión para los que comentan estos actos delictivos. La normativa actual contemplaba sanciones de dos a cinco años de cárcel.
El diputado Carlos Bruch afirmó que estas modificaciones buscan ponerle fin a uno de los problemas que más afecta a las familias salvadoreñas honradas que tienen que pagar a los grupos terroristas para poder realizar sus actividades económicas con normalidad.
“Estamos reformando para agravar el delito de la extorsión y frenarla de una manera definitiva. Ahora, estamos brindando las herramientas para que se encierren por más años a estos delincuentes”, indicó el parlamentario.
Su compañero de bancada, Jonathan Hernández dijo que esta iniciativa busca respaldar el trabajo que el Presidente Bukele realiza para garantizar la seguridad de la población.
“Sabemos que hay mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto. En los gobiernos anteriores, pese a que implementaban planes de seguridad, nunca daban resultados, porque no lo hacían de la manera correcta. No se esforzaban por realizar un cambio”, señaló el diputado.
