La abogada y analista política, Tahnya Pastor, resalta reformas al Código Procesal Penal, aprobadas con 66 en la Asamblea Legislativa, permiten que se aceleren los procesos judiciales contra prófugos de la justicia, como Norman Quijano o Mauricio Funes, ante los tribunales del país.
“Lo que prevalece o lo que se pondera es la primacía de los derechos de las víctimas y el menor desgaste estatal en equilibrio con el respeto a los derechos de los procesados. (…) Está permitiendo sentar en la silla a muchas personas que se han dado a la fuga y que son muchos”, dijo la abogada de la República.
La especialista explicó que la legislación, que no contaba con una actualización desde 1998, contaba con un “hipergarantismo” o exceso al abrazo de las garantías a los procesados, que dio paso a un desequilibrio con los derechos de las víctimas y un gasto en las arcas del Estado.
“Si son siete personas, en vez de ir en una en una, o dos en dos, estando ausentes y uno presente, se hace un solo juicio: se condenan a todos. Eso para el Estado, económicamente para nosotros también porque somos los que sostenemos esta situación, es favorable”, explicó la jurista.
Una de las 23 modificaciones al código actual incluye la figura de rebeldía, es decir, cuando el demandado o imputado no se presenta al proceso. Ante esto, los cambios a la ley permiten enjuiciar a los prófugos de la justicia salvadoreña declarados en rebeldía y evitar la impunidad.
Otra de las actualizaciones busca que los procesos judiciales no se dilaten por renuncias injustificadas de los abogados defensores, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interpondrá sanciones a los profesionales que ejecuten este tipo de maniobras con las que buscan alargar los casos y dar beneficio a los criminales.
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