Este martes 20 de mayo de 2025, se cumplen dos años de la tragedia en el estadio Cuscatlán, de aquella noche de sábado del partido entre Alianza y FAS, donde en vez de goles el resultado fueron nueve personas muertas a causa de una estampida humana. Por la tragedia la Fiscalía capturó y acusó a cinco personas de homicidio culposo, lesiones y estragos públicos, pero que tras el proceso penal todos quedaron en libertad bajo medidas sustitutivas.
Tras la tragedia del Cuscatlán, la Fiscalía General de la República (FGR) oficializó la muerte de nueve aficionados del Alianza F.C., personas que habían llegado a apoyar a su equipo que se enfrentaba al C.D. FAS en la etapa de cuartos de final, sin embargo, ya sobre tiempo de iniciado del partido, en la entrada a sol general del estadio se formó una estampida humana donde decenas de aficionados intentaban a la fuerza entrar, muchas personas cayeron al suelo y otras pasaron sobre ellas.
Muchas de las víctimas caídas al suelo en medio de una avalancha de personas murieron por golpes o por falta de respiración; 51 personas resultaron lesionadas. La tragedia quedó registrada en fotos y videos que los mismos aficionados subieron a redes sociales.
¿Cuál fue la razón de la estampida humana? La Fiscalía aseguró que una de las causas por la que se formó la estampida fue que los portones de acceso al partido fueron cerrados 10 o 15 minutos antes de que iniciara el partido, y no se habilitaron los accesos necesarios.
La Fiscalía también enfatizó en la ineficiencia de los mecanismos de lectura de boletos, ya que la tardanza de lecturas de QR provocó que los aficionados no entraran de una forma adecuada y ágil.
Cinco capturados, pero conciliaron
Por esos hechos, el 25 de mayo del 2023, cinco personas fueron capturadas, siendo el presidente del Alianza F.C., Pedro Hernández; el gerente de seguridad del Alianza, Edwin Abarca Ventura; la gerente financiera del Alianza, Zoila Córdova; el gerente general de EDESSA, Reynaldo Avelar Contreras, y el encargado de las llaves del estadio, Samuel García Montano.
La Fiscalía los acusó de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposos, pero el 21 de junio, en una primera audiencia ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, quedaron en libertad al ser sobreseídos definitivamente del proceso penal, luego que los acusados conciliaran con las familiares de las nueve víctimas por montos entre $5,000 y $10,000.
Por la acusación por el delito de estragos públicos, la jueza dictó un año de sobreseimiento provisional, bajo reglas de conductas, siendo que no cambiaran de domicilio y presentar un plan de seguridad para la organización de partidos.
La Fiscalía requirió que el plan tenía que contemplar la instalación de torniquetes, extintores, en la entradas y salidas del estadio, contratar seguridad privada, instalar acceso con rampas para personas con discapacidad, que se verifique que las personas no ingresen ebrios a los eventos deportivos, que se controle los sellos de seguridad de la boletería, que la venta de boletería sea de acuerdo a la capacidad de la zona, y un nuevo rediseño de las estructuras de los portones.
El 6 de julio, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador resolvió una apelación de la defensa y decidió revocar la detención y los dejó en libertad, porque consideró que había un vacío legal y la existencia de una doble persecución penal. La Cámara les impuso medidas como presentarse cada 15 días al Juzgado Cuarto de Instrucción, la prohibición de salir del país, y no cambiar de domicilio.
