En 1989, José Mauricio, se fue a vivir a Estados Unidos debido al conflicto armado en El Salvador y encomendó su casa, ubicada en el Reparto Venecia de Soyapango, a su cuñada y su familia, a cambio de cuidar el inmueble y pagar los servicios, como energía eléctrica, agua potable y las tasas municipales.
33 años después, es decir, en 2021, José Mauricio regresó al país y acudió a su cuñada para informarle que necesitaba la casa para residir en ella. Sin embargo, su sobrino político, Halmar Rolando, le manifestó que no la desocuparían y que tenía que pagar por el tiempo en que habían cuidado el inmueble.
La última vez que la víctima llegó a solicitar que desalojaran su casa fue en marzo pasado y nuevamente le habrían cobrado, incluso -al parecer- Halman Rolando lo empujó y lo amenazó con hacerle daño si volvía. Además, le colocaron una cadena con candado a la puerta para que José Mauricio no pudiera ingresar.
A raíz de los hechos, la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República, institución que acusó a Halmar Ronaldo por los delitos de amenazas y limitación ilegal a la libertad de circulación.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado 4° de Paz donde las partes solicitaron una conciliación por ambos delitos. En ese sentido, el procesado se compromete a entregar las llaves de la vivienda a más tardar el 21 de junio, también no podrá acercarse a José Mauricio y no volver a amenazarlo de forma alguna.
