La Asamblea Legislativa eligió, con 57 votos, al abogado y notario Walter Salvador Sosa Funes como magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), institución encargada de velar por el uso eficiente de los recursos del Estado.
El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, juramentó al nuevo funcionario durante la sesión plenaria número 42.
Sosa, quien tiene seis especializaciones en áreas del derecho y una maestría, ocupará el cargo hasta el 27 de agosto de 2026.
El funcionario tiene varios años de experiencia en el servicio público en diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de la República y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA). Además, ha fungido como juez de paz y de juzgados de instrucción.
El nuevo magistrado presidente fue electo de entre un grupo de 11 profesionales que se postularon para el puesto.
Para conocer las hojas de vida, aspiraciones y los planes de trabajo que ejecutarían los aspirantes en caso de llegar a presidir la CCR, los diputados de la Comisión Política los entrevistaron en dos sesiones de trabajo.
Estas jornadas fueron trasmitidas por los canales y redes sociales oficiales de la Asamblea Legislativa; también hubo acceso a los medios de comunicación.
Con ello se garantizó que el proceso fuera transparente y que la población tuviera la mayor información posible y se formara una opinión sobre cada candidato.
Posteriormente, la mesa de trabajo emitió un dictamen favorable para que los 60 legisladores escogieran al profesional idóneo.
Con base al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios hicieron una elección de funcionario de segundo grado de manera plural, democrática y participativa.
La Constitución de la República, en su artículo 195, establece que entre las funciones de la Corte de Cuentas está el vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine.
También debe aprobar toda salida de fondos del tesoro público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al tesoro público o al patrimonio del Estado y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública.
La CCR también vigila e inspecciona las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conoce de los juicios a que den lugar dichas cuentas.
Además, fiscaliza la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención o subsidio del mismo.
