En el mismo guion con el que buscan cuestionar al Gobierno por el manejo de la pandemia, los partidos del bloque opositor en la Asamblea Legislativa han comenzado una estrategia para ahogar las finanzas del Estado desde distintos flancos.
La Asamblea está usando a su favor la aprobación de decretos con el afán de complicar las finanzas del Estado. Prueba de ello es que este miércoles ratificaron el decreto legislativo 810, que obliga al Estado a indemnizar a 3,000 empleados de
Antel, privatizada en 1997 bajo el segundo gobierno de Arena. Sin embargo, es evidente que estos partidos tienen un objetivo electoral con este tipo de instrumentos, pues con ello pretenden complicar al Gobierno y obligarlo a destinar fondos que no están contemplados en el presupuesto.
El Presidente vetó en 2020 este decreto por considerar que se violenta “el principio de planificación presupuestaria, ya que en el Presupuesto General para el presente ejercicio fiscal no está contemplado en el rubro de gastos estas erogaciones”, las que debió hacer en su momento el partido que decidió esa privatización.
La Asamblea, asimismo, ataca al Gobierno con acciones que buscan cambiar destinos presupuestarios ya definidos, como es el caso del decreto legislativo 781, que ya había sido declarado inconstitucional, pero que volvieron a avalar sin el mismo requisito de origen, que era hacer esas modificaciones al Presupuesto General de la Nación 2021 con la autorización del Ministerio de Hacienda.
Con esta medida están buscando quitar fondos de otros rubros sociales para llevar $288 millones a sus alcaldes, quienes están urgiendo a los diputados que les den recursos para obras al filo de las elecciones del 28 de febrero.
La Asamblea no solo ha negado el financiamiento vía préstamos para que el Gobierno pueda atender la salud y la seguridad de los salvadoreños, sino que también aprueba decretos con fines electorales y haciendo uso de los sectores excluidos por ellos durante décadas, como es el caso de los veteranos, excombatientes y los mismos trabajadores de Antel.
A esta estrategia se suma la intención de los opositores de hacer ver que el Gobierno ha hecho compras y adquisiciones sin pasar por los procesos de ley, para lo cual están usando a su favor instituciones como la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que siempre han estado al servicio de estos partidos.
