Sobre el proceso de desafuero de los diputados de la Bancada Cyan, José García y Gerardo Aguilar, el abogado William Paredes explicó que, según el Código Penal, un funcionario que reciba una dádiva podría ser sancionado con 2 a 4 años de prisión e inhabilitación de su cargo.
“Previamente, debían recibir un desafuero para luego ser juzgados por la Fiscalía General de la República (FGR), como cualquier ciudadano. Ahora enfrentan un proceso y con las pruebas del caso se determinará si son culpables o no”, indicó el abogado William Paredes.
Paredes argumentó que, la Constitución de la República establece un criterio claro para cuando un funcionario comete delitos oficiales o comunes.
“En el caso de los diputados ya se estableció que hay lugar a formación de causa, con base a las pruebas preliminares que se tienen. Con eso se cumple el mecanismo establecido por la Constitución”, señala William Paredes, sobre los legisladores Gerardo Aguilar y José García.
Según Paredes, la FGR puede proceder ya en el tribunal competente, para que los parlamentarios sean juzgados por los posibles delitos cometidos. El cohecho impropio está regulado en el Código Penal.
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