Las administraciones municipales del período 2018- 2021 usaron mal los fondos públicos desembolsados el año pasado por el Ministerio de Hacienda para que atendieran la pandemia de la COVID-19 y repararan los daños ocasionados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
El acuerdo para darles fondos a los municipios cobró vida con el decreto legislativo 608, del 26 de marzo de 2020, y las erogaciones —por $191.7 millones— se dieron por medio de los decretos 650, del 31 de mayo, y, 687, del 9 de julio, ambos de 2020.
El concejo de San Juan Opico, La Libertad, que fue presidido por Carmen Abigail Girón Canales, del partido ARENA, gastó $916,172.10 de la pandemia y de la emergencia por las lluvias para el pago de gasto corriente de la comuna.
Asimismo, erogó $13,700 para distribuirlos entre 90 personas del municipio afectadas por las lluvias y la pandemia, pero no hay forma de comprobar si el dinero fue entregado porque se obvió proporcionar «un cheque por cada beneficiario», para que existiera un registro de los desembolsos, según el examen especial.
El concejo municipal de Zaragoza, que era presidido por José Antonio Martínez Salazar, también de ARENA, utilizó $235,351.10 para «otros fines», como el pago de salarios de noviembre de 2020 de los empleados municipales.
Además, el examen especial de la CCR determinó que «no existe evidencia» de que el concejo entregara materiales de construcción a las familias afectadas por las tormentas, los cuales compró con $5,056 de los decretos 650 y 687.
Por su parte, Martínez Salazar gastó $1,655.35 que eran únicamente para la pandemia y la emergencia por las lluvias en la compra de mascarillas reutilizables, las cuales mandó a personalizar con su nombre y las utilizó para su campaña electoral, que perdió en contra del entonces candidato y ahora alcalde de Nuevas Ideas, César Godoy.
El examen especial concluyó que esta acción violó la Ley de Ética Gubernamental, porque el entonces alcalde de ARENA se prevaleció de su cargo para utilizar recursos públicos para hacer «política partidista».
También hubo «uso indebido de los fondos provenientes de los decretos legislativos 650 y 687» en la alcaldía de Usulután, según el examen especial. Cuando los fondos fueron erogados por el Ministerio de Hacienda, el alcalde era José Mauricio Zelaya, del partido ARENA.
A pesar de que el fin del dinero público entregado era para las emergencias mencionadas, el concejo trasladó $240,913.54 del decreto 650 para pagar «gastos administrativos» de la comuna y $583,416.48 del decreto 687 para el pago de «salarios, renta, prestaciones de seguridad social» de los empleados municipales y «órdenes de cancelación de proveedores y prestación de los servicios municipales».
Siempre en el departamento de Usulután, pero en el municipio de Tecapán, también hubo «uso indebido de los fondos», según el auditor estatal. El concejo municipal utilizó los $180,537.36 erogados para pagar las cuotas de los vehículos y las facturas de combustible municipales, el pago de planillas de empleados y facturas de energía eléctrica, pagos de proveedores y la disposición final de desechos sólidos. Estos señalamientos fueron hechos al concejo que fue presidido por el alcalde Jaime Élmer Teos Gallardo, del FMLN.
En Concepción Batres, Usulután, el concejo municipal autorizó que $259,478.80 fueran trasladados hacia distintas cuentas bancarias de la alcaldía para el pago de préstamos de la comuna con la banca privada y no para la atención de la pandemia. La comuna era dirigida por el alcalde Benjamín Romeo Machuca Díaz, del partido ARENA.
En San Agustín, Usulután, el concejo municipal, dirigido por Carlos Alberto Gámez Estrada, del FMLN, autorizó que los $91,590.78 recibidos de Hacienda fueran utilizados para el pago de los salarios de los empleados municipales en noviembre y diciembre de 2020.
