El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional y un plazo de instrucción de 6 meses para 24 personas acusadas de cohecho propio, cohecho activo, incumplimiento de deberes, estafa informática, falsedad ideológica, falsedad material y agrupaciones ilícitas.
Las víctimas eran abordadas en las cercanías de SERTRACEN donde se les ofrecía realizar el trámite ilegal. Una vez las personas aceptaban, les pedían cantidades de entre $125 y $150 para otorgarles los exámenes teórico, práctico y psicológico aprobados.
Además, les pedían entre $800 y 1,000 que englobaba todo el proceso, incluyendo la licencia de conducir. Las autoridades identificaron que la mayoría de documentos eran gestionados en San Salvador y posteriormente llegaban desde San Miguel.
Las instituciones vinculadas con el caso son: Escuela examinadora ESCOPROND; Escuela examinadora Atlantic Seguridad; y Escuela de manejo López.
Las autoridades fiscales determinaron que existe abundante prueba para que el caso pase a la siguiente etapa procesal y continúe la investigación contra la estructura.
