La sanción del decreto para conmemorar a las víctimas de la guerra salvadoreña, en lugar de hacerlo con los acuerdos entre las dos fracciones del conflicto, es una muestra del compromiso del Presidente Nayib Bukele para combatir la impunidad.
“Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo: Este es un país libre. Pero ya no será una fiesta nacional”, sostuvo el Presidente Bukele, refiriéndose a los Acuerdos de Paz firmados en México, en enero de 1992.
Los referidos Acuerdos giraban en torno a cinco grandes ejes, pero al final solo se cumplió uno: Incorporar a un nuevo actor a la contienda política, para continuar la pugna por el poder. Los otros temas, como proporcionar reparación a las víctimas o cambiar la estructura social que llevó a la guerra, quedaron en el olvido durante 30 años.
El Jefe de Estado ha buscado también que los actores que atentan contra la institucionalidad paguen por sus acciones. “El nivel de impunidad se tiene que eliminar. Precisamente por eso, el Presidente de la República ordena al ministro de Seguridad Pública que envíe una reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, donde declara imprescriptibles los delitos de corrupción”, explicó el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
Los delitos de lesa humanidad son un caso ilustrativo de cómo los dirigentes de la clase política de la posguerra hicieron cuanto pudieron por mantener la impunidad. “Si estás manchado de sangre, si has robado, si has cometido un delito, no se te puede perdonar. Hay métodos, como el indulto o como la amnistía, pero para esos delitos cometidos por ellos –si son así– no hay”, enfatizó el asesor jurídico.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tomado acciones específicas para darle prioridad a los que sufrieron las consecuencias de la guerra, y también a quienes han padecido el posterior estancamiento en el desarrollo. Así lo ha hecho con la atención social a los veteranos y excombatientes, la transformación en el sitio donde ocurrió la masacre de El Mozote, la apertura de los archivos y la inversión social más significativa en la historia del país.