Los diputados de la Asamblea Legislativa volvieron a dejar en segundo plano de importancia las necesidades más urgentes en salud pública, desarrollo económico, agricultura y equilibrio de las finanzas públicas. En lugar de eso, llegaron hasta la madrugada para consumar los acuerdos políticos que les convienen a las fracciones de ARENA, FMLN y a unos pocos representantes del PDC.
Han pasado 20 días desde que venció el período para aprobar un paquete de financiamiento por $250 millones, concedidos por el BID, destinado a respaldar una diversidad de actividades: operaciones del Hospital Nacional El Salvador, inyección de liquidez a las mipymes, subsidios agrícolas, créditos para el sector agrícola, pensiones para veteranos y excombatientes de la guerra civil y apoyo las alcaldías. Para poder acceder a los fondos y ejecutar estas actividades, los diputados deben elaborar el dictamen y hacer una última ronda de votación.
De igual manera, los legisladores salvadoreños tampoco abordaron las reformas al decreto 661 que la Sala de lo Constitucional ordenó hacer, frente a la reapertura económica generalizada de la próxima semana. Este mandato constitucional es también urgente, porque una reapertura sin fases multiplica los riesgos de contagio de COVID-19 en la población.
En la sesión plenaria del 20 de agosto, los diputados pasaron por alto este paquete de financiamiento, a pesar del sentido de urgencia. Lejos de eso, aprobaron una nueva comisión que continuará retrasando la utilización fondos para ejecutar proyectos y que repite las funciones de otras comisiones legislativas. También apresuraron la elección de magistrados de la Corte de Cuentas a través de un procedimiento cuestionable: incluso entregaron la presidencia de esta institución a un funcionario que ha mostrado tener conflictos de interés.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuará haciendo los esfuerzos para mantener los programas sociales, continuar estimulando la economía y priorizar la salud de la población. Esto no quita el sentido de urgencia que tiene la aprobación de los $250 millones que concedió el BID, más los otros $320 millones que también están en manos de los diputados.
